La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de Corrientes al artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, modificada por la Ley Nº 26.052, conocida como de “desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes”. Con esta decisión, la provincia se incorpora al grupo de jurisdicciones que podrán investigar y reprimir el narcomenudeo, es decir, la venta minorista de drogas, a través de sus fuerzas de seguridad y la Justicia local.

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá gestionar con la Nación la transferencia de créditos presupuestarios para financiar los gastos vinculados al Ministerio Público, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario. Hasta que esas transferencias se hagan efectivas, será el propio Ejecutivo correntino el que deba realizar adecuaciones en el presupuesto provincial para implementar la ley. Este último punto fue el más cuestionado por sectores del ámbito judicial, que expresaron dudas sobre la viabilidad económica de la medida.

Durante la sesión, los legisladores de Unión por la Patria César Lezcano, Marlen Gauna, Germán Braillard y Adriana Cleofe Vidal Domínguez se abstuvieron de votar, marcando distancia frente a un debate cargado de tensiones políticas y financieras.

Con la aprobación en Diputados, Corrientes avanza en la creación de un marco legal propio para enfrentar la problemática del narcotráfico en su escala más cercana a los barrios, aunque todavía persisten incógnitas sobre cómo se cubrirán los costos de este nuevo esquema de persecución penal.